Estado e identidad

LICENCIATURA EN EDUCACION 
INNOVACION PEDAGOGICA

Estado e identidad

El proceso educativo consta en la adquisición de aprendizajes que el individuo adquiere para favorecer su desarrollo personal y social, dentro del trayecto de aprendizaje surge la construcción de identidad. La escuela al ser  formativa y socializadora debe responder a los retos de la necesidad de construir una sociedad plural, democrática,  incluyente y equitativa, el objetivo es que los alumnos después de un periodo de tiempo demuestren logros y resultados educativos, que centren su reflexión en el ser humano que educa, su historia, sus relaciones vitales, su aquí, su ahora y sus circunstancias.

Proceso educativo es la confrontación continua entre los que se enseña y lo que se aprende así como la transmisión de valores y saberes, dentro de la construcción de identidad es fundamental, pues dicho proceso involucra un conjunto de prácticas culturales del reconocimiento de las subjetividades, es el escenario en el cual la responsabilidad educativa se transfigura en un acto.

En la construcción de identidad los sujetos logran elaborar los significados de existencia que han movilizado su historia y han mediado su accionar hacia la configuración de una forma particular de habitar, sentir,  vivir y pensar en el mundo de la vida. La construcción de identidad está referenciada en un proceso de toma de conciencia del sí mismo y del mundo externo, que convoca y enmarca dicha comprensión en la que el sujeto toma conciencia de sí y, por tanto, tiene actitudes que le permiten confrontar su espacio vital y reorientarlo hacia el entendimiento. La escuela debería pensarse ya no sólo como centro del conocimiento, el saber y el aprendizaje, sino por la resultante de la relación entre el sujeto que educa, el proceso democrático a través del cual se educa, la intención formativa para la que se quiere educar y la estructuración institucional que se debe configurar para favorecer dicha formación.

El sujeto moral se constituye como tal en la interacción continua con otros, en la discusión constante de los marcos valorativos, normativos y de principios morales que median la convivencia, y en la conformación de un espacio democrático que permita la confrontación de los diferentes argumentos, actitudes y sentimientos

asumidos por cada uno de sus implicados, como justificaciones y formar de pensar y actuar moralmente, Garza (1995), citando a Habermas (1990), plantea que para alcanzar el ideal de una sociedad racional y democrática se necesitan instituciones educativas que preparen y formen a los sujetos en el modelo del accionar comunicativo. Se podría afirmar que en esta doble connotación educativa la escuela se responsabiliza y responsabiliza a sus educandos moral, ético y políticamente en la transformación de las relaciones sociales para vivir en una sociedad  digna, justa, incluyente y democrática. Para lograr esa transformación, la escuela deberá interpretar, desarrollar y transmitir la cultura de la sociedad, definiendo con claridad cuáles han de ser los fines y los medios socialmente legitimados que hacen pertinente y relevante el acto educativo.

La Ley General de Educación (Ley 115, artículo 5) destaca entre sus fines la formación y el desarrollo de seres humanos integrales, respetuosos de la vida, de los principios democráticos del país y demás derechos; habla de un sujeto participativo, crítico, reflexivo, analítico e involucrado en la toma de decisiones, en el avance tecnológico y científico y en la construcción de una identidad de país democrático, incluyente y equitativo, es decir, se trata, desde la Ley, de configurar una escuela que soporte el entramado cultural sobre el cual se significa el accionar humano y se delimitan las fronteras de lo justo, lo bueno, lo malo, lo digno, lo incluyente, lo equitativo y lo diferente, para construir de esta forma el entendimiento, la vivencia de la reciprocidad y la convivencia; pero para lograr esta pretensión, la escuela debe, por ejemplo, leer críticamente desde su contexto las posibilidades, alcances y limitaciones de la Ley y sus reglamentaciones (Plan racionalización docente, subsidio a la demanda, fusión institucional, plan evaluación docente y estándares de calidad) para determinar, en este caso, las posibilidades que las normativas le ofrecen de configurarse como un escenario realmente transformador de la cultura.